DIMENSIÓN II – Democracia de las Instituciones – Eficiencia Política y Calidad Institucional

En esta dimensión se mide un conjunto de indicadores para evaluar la eficiencia y calidad del sistema institucional y político, la rendición de cuentas (accountability) y el balance de poder interinstitucional que permite controlar a los gobernantes y funcionarios públicos para que actúen respetando el marco legal y sean responsables en sus acciones, adecuándolas a las demandas de la sociedad.
A su vez, la rendición de cuentas retroalimenta, positivamente, el funcionamiento institucional del Estado y coadyuva a que las acciones gubernamentales correspondan a las preferencias de la ciudadanía, base de un gobierno políticamente responsable.
Siguiendo a Bovaird y Löffler (2003) sostenemos que para medir calidad no alcanza con el grado de satisfacción de la población con lo que recibe de los servicios públicos; la medición de la calidad se debe extender a analizar las mejoras en la calidad de vida y mejoras en los procesos de gobernanza. Estos autores advierten que medir calidad no es tarea fácil porque este concepto varía de un contexto a otro. Pero medir calidad democrática es clave, puesto que se relaciona íntimamente con la idea de establecer estándares observables de un “buen gobierno”.
Morlino (2005) propone que, además de entender la calidad democrática en términos de contenido, también hay que entenderla en términos de procedimiento, esto significa “que los ciudadanos tienen el poder de verificar y evaluar si el gobierno trabaja por los objetivos de libertad e igualdad de acuerdo al gobierno de la ley. Monitorean la eficiencia de la aplicación de las leyes vigentes, la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno, la responsabilidad y la rendición de cuentas políticas de los gobernantes electos en relación con las demandas expresadas por la sociedad civil (…)”.
Morlino define que las esferas procedimentales de la calidad democrática son el Estado de derecho y la rendición de cuentas, cuya medición nos permitirá evaluar el funcionamiento correcto y legítimo de las instituciones.
Tres son los ejes conceptuales que se seleccionan para medir y monitorear esta dimensión clave del IDD-AR: la vigencia del Estado de derecho, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la sociedad civil.
El Estado de derecho se refiere al principio de la supremacía de la ley y supone, al menos, la capacidad para hacer que las autoridades respeten las normas y para tener leyes de dominio público, universales, estables y precisas no retroactivas, características fundamentales para cualquier orden civil, y un requerimiento básico para la consolidación democrática, junto con otras cualidades imprescindibles (y tan disímiles), como el control civil sobre el ejército y la independencia del poder judicial.
Para Morelia Brito (2002) el Estado de derecho se traduce en “mecanismos que le permiten al ciudadano sentirse protegido de la discrecionalidad y arbitrariedad de sus representantes; gozar de horizontes confiables para el ejercicio de sus actividades; aportar soluciones e ideas sobre la administración de lo público y contribuir con la gestión; y fiscalizar el uso que se hace en su nombre del patrimonio colectivo”.
En un Estado de derecho donde los gobernantes rinden cuentas, la sociedad tendrá individuos protegidos de la discrecionalidad y arbitrariedad, tales como: corrupción, clientelismo o Intervencionismo federal en asuntos provinciales o municipales (control político y/o control económico).
La Calidad Institucional y Eficiencia Política permiten evaluar el funcionamiento de instituciones y procedimientos destinados a controlar a los gobernantes y funcionarios públicos para que estos actúen respetando el marco legal, sean responsables en sus acciones y generen un sistema político virtuoso. Para esa evaluación, el concepto de rendición de cuentas (accountability) coadyuva a que las acciones gubernamentales correspondan con las preferencias de la ciudadanía, base de un gobierno políticamente responsable.
Evaluamos tanto Accountability Horizontal (los mecanismos institucionales existentes a nivel legal y político para el funcionamiento sin exceso y con apego a la ley de los poderes democráticos) como Accountability Vertical (acciones de un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y de movimientos sociales con el objetivo exponer errores gubernamentales).
Estos dos estándares conceptuales, el Estado de derecho y la Calidad Institucional y Eficiencia Política, contribuyen a medir el funcionamiento de las instituciones de la democracia en las 23 provincias de Argentina y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos seleccionado diecisiete indicadores, que, luego de su ponderación y agregación, se consolidan en cinco indicadores principales con los que mediremos estas esferas conceptuales. Los indicadores principales y secundarios que conforman esta dimensión pueden analizarse en detalle en el capítulo “Metodología”.

Análisis de la Dimensión II por Regiones del país.

A nivel regional, Patagonia presenta el promedio más alto, de 5,974 puntos, por encima del promedio nacional, que es de 5,624 puntos. Por el contrario, el NOA tiene el promedio más bajo, de 5,250 puntos.
En Patagonia, las jurisdicciones que potencian para que el promedio sea el más alto a nivel nacional son Tierra del Fuego y Río Negro, ambas con puntuaciones por encima de los 7,000 puntos. La provincia que presenta el peor comportamiento en la región es Santa Cruz, con 3,835 puntos, que califica asícon bajo desarrollo. Río Negro lidera dos indicadores: Participación de los Partidos Políticos en el Poder Legislativo y Accountability Legal y Política. Tierra del Fuego lidera Accountability Social. Por el contrario, Chubut y Santa Cruz obtienen las puntuaciones más bajas en Percepción de la Corrupción y Desestabilización de la democracia, respectivamente.
Le sigue por puntuación la región Centro, con 5,807 puntos, donde se destaca Entre Ríos, con un valor por encima de los 7,000 puntos, mientras que el resto de las jurisdicciones obtiene valores en los 5,000 puntos, menos Buenos Aires, que obtiene un valor inferior. Aquí, Entre Ríos lidera el indicador de Desestabilización de la democracia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires se posiciona entre las jurisdicciones con mejor puntuación en Percepción de la Corrupción. Buenos Aires es una de las jurisdicciones que peor comportamiento tiene en esta variable.
La región Cuyo presenta un valor promedio similar a la región Centro, de 5,898 puntos, donde se destaca San Juan con una puntuación de alto desarrollo democrático, mientras que el resto de las jurisdicciones califica con desarrollo medio. San Juan lidera el indicador de Percepción de la Corrupción y se coloca entre las jurisdicciones con mejor puntuación en Accountability Legal y Política.
En la región NEA se destaca Misiones, con una puntuación cercana a los 7,000 puntos, que equilibra los valores inferiores de Chaco, que califica con bajo desarrollo. El valor promedio de la región es de 5,573, por debajo del promedio nacional. El comportamiento de Misiones se debe a los valores recibidos en Accountability Legal y Política y en la Social, ambos de alto desarrollo democrático. Chaco y Formosa son las jurisdicciones que presentan mayor debilidad.
Por último, en la región NOA, se destacan Catamarca y Jujuy por encima de los 6,000 puntos, contrastando con Salta y Tucumán, que reciben valores apenas por encima de los 4,000 puntos. Es la región con el promedio más bajo con respecto a las demás regiones, por debajo del promedio nacional. La Rioja es una de las jurisdicciones con el valor más bajo en Accountability Legal y Política y Jujuy en Desestabilización de la Democracia.

2.2.3 Resultados según la intensidad de desarrollo registrada.

A continuación, agrupamos las 24 jurisdicciones según su intensidad de desarrollo dentro de cuatro categorías:

Alto desarrollo: Jurisdicciones con puntuación desde 10,000 a 7,000 puntos.

Desarrollo medio: Jurisdicciones con puntuación desde 6,999 a 4,500 puntos.

Bajo desarrollo: Jurisdicciones con puntuación desde 4,499 a 3,000 puntos.

Mínimo desarrollo: Jurisdicciones con puntuación desde 2,999 a los 0,000 puntos.

Jurisdicciones con alto desarrollo (AD).
⦁ Río Negro, San Juan, Entre Ríos y Tierra Del Fuego.
⦁ Representan casi el 17% del total país.
⦁ Las cuatro jurisdicciones se distribuyen en tres regiones: Patagonia, Cuyo y Centro.
⦁ No hay jurisdicciones de las regiones NOA y NEA con desarrollo democrático alto.

Jurisdicciones con desarrollo medio (DM).
⦁ Misiones, La Pampa, Catamarca, Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Santiago del Estero, Ciudad     Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Neuquén, La Rioja, San Luis, Chubut y Buenos Aires.
⦁ Representan el 67% del total país.
⦁ Las 16 jurisdicciones se distribuyen en las cinco regiones con similar proporción.

Jurisdicciones con bajo desarrollo (BD).
⦁ Tucumán, Salta, Chaco y Santa Cruz.
⦁ Representan casi el 17% del total país, distribuidas en tres regiones, NOA, Patagonia y NEA.
⦁ No hay provincias de la región Centro y Cuyo con bajo desarrollo.

Jurisdicciones con Mínimo desarrollo (MD).
En esta dimensión, ninguna jurisdicción recibe una puntuación por debajo de los 3,000 puntos.